Parece que llega el final de la iniciativa contra la falsificación, conocida como ACTA (por sus siglas en inglés). Esta polémica iniciativa despertó la preocupación de los defensores de los derechos humanos pues violaba la intimidad de la comunicaciones y afectaba seriamente la libertad de expresión e información.

Así lo informó El País de España:

Los eurodiputados socialistas y demócrata, liberales, verdes y del grupo de la Izquierda Unitaria Europea han votado en bloque en contra el acuerdo internacional, mientras que los representantes del Partido Popular Europeo y del grupo de los conservadores y reformistas han rechazado el informe por entender que se debería esperar a conocer el dictamen que emita el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la legalidad o no del acuerdo antes de someterlo a votación en sesión plenaria.

Es la quinta votación en contra, después de que anteriormente ya lo hayan rechazado la comisión de Libertades Civiles, la de Industria, la de Desarrollo e incluso la de Asuntos Legales, que suela velar por la salvaguarda de los derechos de autor. En todos los casos, el principal argumento contra ACTA es que se ponen en peligro derechos civiles de los ciudadanos. Además, como concluyó la comisión de Desarrollo, "la represión no es la mejor herramienta para las economías emergentes". (...)

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros.

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